El Exministro Gallardón, que al parecer se le da bien la magia también, aumenta una factura de obra pública en solo 25 minutos!
ARTÍCULO DEL CONFIDENCIAL
En una reunión de 25 minutos,
con un único punto del orden del día y sin debate el Gobierno de Alberto
Ruiz-Gallardón en el Ayuntamiento de Madrid aprobó el 26 de marzo de 2007 un
aumento de gasto de 1.632 millones de euros a pagar en 32 años a la empresa Calle
30, una sociedad mixta formada por el propio Ayuntamiento y una unión de
empresas que construyó y mantiene la M-30.
La decisión adoptada por la
Comisión de Vigilancia y Seguimiento de la Gestión Integral de la M-30, un
órgano municipal formado por dirigentes políticos de la máxima confianza de
Gallardón como el exconcejal Manuel Cobo y el actual consejero delegado de Metro
de Madrid, Juan Bravo, supuso encarecer en un 18,61% el presupuesto por el
que se había adjudicado el proyecto estrella de Gallardón dos años antes.
"No tengo las cifras en la
cabeza, y mucho menos para un asunto para el que hay que tener la documentación,
con ese volumen de la obra", responde Cobo: "Si dijera cualquier
cosa, te estaría engañando. Es imposible responder sin toda la documentación.
La obra de la M-30 son cantidades públicas, y recibió toda la crítica por parte
de la oposición y de asociaciones ecologistas. Cuando te hacen críticas, se
puede argumentar y contraargumentar con la documentación: es el Ayuntamiento el
que tiene toda la documentación".
Bravo, por su parte, ha
declinado responder: "No hago declaraciones sobre estos asuntos".
Según el acta de ese comisión,
en poder de eldiario.es la decisión se despachó en 25 minutos. La reunión
comenzó a las 17.30 horas del día 26 de marzo y finalizó a las 17.55. El
presidente ocasional de la comisión, Juan Bravo, que sustituía a Cobo, quien
disculpó su ausencia, los vocales Ignacio López-Galiacho Perona y Manuel Arnaiz
Ronda, y el secretario Juan Alfaro Grande aprobaron el acta de la reunión
anterior y dieron luz verde por unanimidad a la modificación contractual en 25
minutos.
El turno de ruegos y preguntas
no se utilizó. La decisión de aprobar esos pagos que se dilatarán hasta 2040 se
apoyó sobre dos informes de la Subdirección General de Construcción de
Infraestructuras del Ayuntamiento de Madrid que concluyen que por "las
causas nuevas e imprevistas imposibles de prever en el momento de la aprobación
del contrato se hace necesario incrementar el precio un 18,61%": es decir,
la modificación se argumentó como necesaria para pagar los sobrecostes de las
obras y, por otro lado, del mantenimiento.
El soterramiento de la principal
arteria de circunvalación de la capital se había encargado en 2005 antes a un
consorcio de constructoras integrado por Ferrovial, Dragados (del Grupo ACS,
que preside Florentino Pérez), tras un concurso en el que participaron varias
constructoras.
Para que el coste de las obras
de la operación –incluida la construcción–, 6.000 millones de euros, no
computase como deuda del Ayuntamiento, aquel Gobierno municipal ideó una
empresa mixta, Calle 30, donde el consistorio tiene el 80% de la sociedad y la
UTE el 20% restante. Solo dos años después del concurso público que
adjudicó en 2005 el proyecto a la UTE de Ferrovial, Dragados y Api, el Gobierno
municipal autorizó un modificado del presupuesto para hacer frente a los imprevistos
que aparecieron durante las obras –de una extrema complejidad –
y ampliar el mantenimiento de la infraestructura –Ferrovial y Dragados por
separado también particiàron en la construcción, además de otras empresas–.
El sobrecoste que el Gobierno
municipal autorizó a Calle 30 suma 1.632.642.000 euros, a pagar hasta 2040 en
anualidades idénticas de 49.474.000 euros. Solo en mantenimiento supone pagar
330 millones más durante 33 años. Esa primera revisión de los costes de
conservación de la vía (un capítulo que ingresa el socio privado) encareció la
factura anual en 10,5 millones de euros cada año: pasó de 12,2 millones en 2005
a a 23 millones en 2007. Hoy ese capítulo cuesta a las arcas municipales 28
millones de euros. El cambio se sustentó tomando como base un informe de 55
páginas repleto de generalidades. El apartado de mantenimiento que se paga al
socio privado prácticamente se duplicó pero como el contrato abarca la
construcción y conservación, el Ayuntamiento pudo alegar que el importe total
solo se encarecía un 18,9% y cumplió con el límite que la ley impone a los
modificados (el 20% del presupuesto total).
La fórmula utilizada por
Gallardón para levantar su obra estrella ha sido cuestionada reiteradamente por
el Gobierno de Ahora Madrid que preside Manuela Carmena, que además ha
amenazado con emprender sanciones contra la adjudicataria después de que los
técnicos municipales hubiesen detectado pagos por duplicado a las constructoras
e incluso facturas por servicios que no se realizaron.
Que la tramitación del proyecto
es polémica lo evidenció la propia Cámara de Cuentas de Madrid en su informe de
fiscalización de la obra conocido hace unos meses y en el que advirtió que el
contrato es oneroso para las arcas municipales y que la sociedad mixta no tiene
más razón de ser que pagar unos intereses del 7% a las empresas constructoras.
La Cámara de Cuentas propuso rescatar la concesión, sobre todo porque desde
2011 el Ayuntamiento ya tuvo que asumir como propia la deuda de la obra. Tras
la comisión de investigación sobre la venta de las viviendas sociales a los
fondos buitre que concluyó esta semana, la obra de la M30 es la próxima que
fiscalizará el Ayuntamiento de Madrid.
Larga y próspera vida.
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