Tiene 21 años y aguarda en una cárcel saudí un destino atroz: morir decapitado y
ser exhibido en público asido a una cruz. Ali al Nimr, sobrino de un conocido
clérigo chií de Arabia Saudí, fue arrestado hace tres años cuando aún era
menor de edad. Torturado y condenado a muerte, acaba de perder la última
apelación contra una pena capital cuya aplicación tratan de detener a
contrarreloj activistas de todo el mundo.
El padre del joven que podría ser decapitado en los próximos días en Arabia
Saudí ha pedido clemencia al rey. Francia también se ha sumado a la llamada
a suspender la ejecución.
Ali -oriundo de la provincia saudí de Al Qatif, donde se concentra la
población chií del reino- fue detenido el 14 de febrero de 2012 por su
participación en las protestas contra la monarquía que florecieron al calor de
la marchita
primavera árabe. Entonces una retahíla de cargos cayó sobre él. Las
autoridades le culparon de enseñar primeros auxilios a los manifestantes, usar
su BlackBerry para difundir la convocatoria y estar en posesión de armas de
fuego, una acusación que siempre ha negado.
La única prueba aportada por las fuerzas de seguridad es una confesión
arrancada a base de torturas. Confinado en una centro de detención juvenil
hasta que cumplió los 18 años, recibió la pena capital en mayo de 2014. Ali es
sobrino del jeque Nimr Baqir al Nimra, un conocido reformista chií que
también fue condenado a muerte el año pasado por, entre otros cargos,
terrorismo y "hacer la guerra a Dios". Hace unos días la familia del
joven fue informada de que el recurso presentado contra la sentencia -el último
obstáculo a su ejecución- ha sido desestimado.
Su salvaje muerte -primero decapitado y luego crucificado en público-
podría ser cuestión de días, advierten activistas de derechos humanos que
denuncian un proceso plagado de irregularidades. Además de las vejaciones
padecidas entre rejas, Ali fue detenido sin orden judicial y durante los
dos años que pasó en prisión preventiva le fue negado el acceso a su abogado.
Solo tuvo conocimiento de los cargos que le enviaban al cadalso cuando el
juicio se había iniciado.
"Ali era un niño vulnerable cuando fue arrestado y comenzó este
calvario. Su ejecución, basada en la aversión de las autoridades hacia su tío y
su participación en las protestas contra el Gobierno, vulnera la ley
internacional y las normas más elementales de decencia. Debe ser
paralizada", señala Maya Foa, directora del equipo de pena capital de la
ONG británica Reprieve. Desde que se hiciera público su inminente muerte,
activistas de derechos humanos han iniciado una campaña dirigida a gobiernos
occidentales y al rey saudí Salman implorando un incierto indulto.
Riad, estrecho
aliado de Estados Unidos en Oriente Próximo, es una de las potencias
mundiales en despachar penas capitales junto a China, Irán, Irak y EEUU. En lo
que va de año las decapitaciones públicas dictadas por sus tribunales han
segado 130 vidas, una
cifra récord que coincide con la conmoción internacional que han suscitado las
ejecuciones firmadas por las huestes del autodenominado Estado
Islámico. El mes pasado Amnistía Internacional denunció las graves anomalías
del sistema judicial saudí y pidió a las autoridades que apliquen una
moratoria.
En un informe titulado "Asesinar en nombre de la justicia", la
organización advirtió de que el defectuoso sistema saudí "facilita las
ejecuciones a una escala masiva". "En muchos casos, a los acusados
se les negó el acceso a un abogado y, en algunos, fueron condenados a
partir de 'confesiones' obtenidas mediante tortura y otras vejaciones".
Entre los enviados al patíbulo, figuran además menores de edad y
discapacitados. Al menos 175 personas fueron condenadas a muerte entre agosto
de 2014 y junio 2015, lo que supone una persona cada dos días.
La monarquía absoluta, socio clave de Occidente y líder regional en la
coalición internacional contra el IS (Estado
Islámico, por sus siglas en inglés), lleva décadas patrocinando y
exportando la interpretación más fundamentalista del islam. Sus
universidades y escuelas adoctrinan en el wahabismo y las mujeres, privadas de
todo, son eternas menores de edad. Las saudíes no pueden trabajar,
conducir, practicar deporte, estudiar, someterse a una intervención quirúrgica,
casarse, matricular a sus hijos en un colegio o abrir una cuenta bancaria sin
el permiso de un tutor varón.
El hostigamiento a la comunidad chií es parte del placaje que el reino
ejerce sobre cualquier libertad, redoblado por la guerra que
Riad libra en Yemen. La minoría chií representa entre el 10 y el
25 por ciento de la población y padece décadas de discriminación. Desde que
estallaran las revueltas árabes en 2011, el colectivo -concentrado en la zona
oriental del país rica en petróleo, en las provincias de Al Ahsá y Al Qatif- ha
protagonizado protestas exigiendo visibilidad y derechos, reprimidas con dureza
por el Gobierno saudí. La inminente ejecución de Ali coincide con el polémico
nombramiento del embajador saudí ante la ONU como presidente de un panel de
expertos el Consejo de Derechos Humanos del organismo internacional.
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