En Francia, Italia y Portugal han estado en el centro del
debate público sobre regulación financiera en el último lustro
La necesidad de financiar obra pública en los años del boom fue
acompañada de estos seguros de riesgo que endosaban, sobre todo, la banca de
inversión francesa a la que hubo que rescatar
El cambio de timón en las corporaciones municiales avecina
que se destapen muchos de estos contratos, que suponen una carga financiera
inasumible para las administraciones públicas
Hipoteca subprime, agencia de ráting, prima de riesgo,
preferentes, cláusulas suelo e incluso CDS. En España el léxico financiero se
ha ido ampliando desde el inicio de la crisis añadiendo al vocabulario popular
términos y conceptos que hace una década solo estaban al alcance de unos pocos.
Pese a la magnitud de la crisis en España y al rescate bancario que se
protagonizó en 2012, hay un concepto financiero que ha recorrido toda Europa y
que apenas ha tenido eco en el país. Se trata de los swap, seguros para
cubrirse del riesgo en préstamos que tienen un alto grado de sofisticación en
algunos casos o cláusulas tramposas en otros y que a Madrid le están suponiendo un sobrecoste de 247 millones de
euros.
Un banco para 'swapearlos' a todos
Una de las explicaciones para la rápida difusión de estos
productos fue la supremacía de un solo banco en la financiación de obra
pública. El francobelga Dexia fue durante la época de la crisis el número uno
en la financiación o la intermediación de grandes créditos para obra pública.
Allí donde había un proyecto en marcha había un agente de Dexia preparado para
llevar la planificación financiera.
La querencia de Dexia por este peligroso cóctel de obra
pública y productos derivados se llevó por delante al banco que tuvo que ser
rescatado ya en 2008. Finalmente en 2011 la entidad quebró, se creó un banco
malo y a al bueno se le rebautizó como Belfius.
El gusto de la banca francesa por estas operaciones de
financiación ( Project Finance en la jerga del sector) también explica la
fuerte posición de Crèdit Agricole y Société Générale en este tipo de seguros.
Los tres bancos son acreedores de la ciudad de Madrid, pero tampoco se puede
despreciar el uso que han hecho el resto de los grandes bancos, incluido Santander
y BBVA, de estos productos financieros fuera y dentro de España.
caldo de cultivo, con pequeñas diferencias, es el mismo en
toda Europa. La burbuja financiera espoleó la obra pública y las entidades
autónomas buscaron alternativas de financiación para escapar al control de los
gobiernos centrales, que suelen establecer ciertos límites a la capacidad de
endeudamiento de estos entes. Metros, autopistas, museos, estaciones,
hospitales o polideportivos sucumbieron a la financiación con estos bancos y al
consiguiente swap.
Resultado de las demandas
La carga financiera de estos swap se volvió inasumible para
los ayuntamientos europeos ya entre 2009 y 2010. Fue entonces cuando se
plantearon los litigios de las alcaldías contra los bancos por estos contratos
y pasado más de un lustro el resultado es muy desigual. En primer lugar, muchos
de los juicios se están celebrando aún este año o están pendientes de
resolución. Una buena parte de ellos se dirime en Londres ya que los
ayuntamientos se dejaron guiar por la banca y aceptaron que estos contratos se
firmaran bajo la ley británica. En algunos casos se han enzarzado en una maraña
infinita de recursos y apelaciones.
Las buenas noticias proceden del lado de las victorias o los
acuerdos extrajudiciales. El más sonado es el de Milán, la metrópoli italiana
-a la que por tamaño es sencillo considerar un inversor institucional- que
consiguió que tras enzarzarse en el proceso judicial, los bancos prefirieran
llegar a un acuerdo en 2012 con la ciudad antes que seguir pleiteando y
aceptaron cancelar los swap que cubrían una deuda de 1.700 millones de euros.
Prato, la segunda ciudad en importancia de la Toscana
italiana, ha sido la primera en lugar un triunfo en los tribunales, pero lo
hizo este mismo verano y gracias a un error técnico en el contrato. Con todo,
su victoria anima a los otros diez juicios pendientes de regiones y municipios
en Italia.
La diminuta población de Saint-Cast-le-Guildo en Francia, también acaba de conseguir
su victoria en los tribunales ante un swap de Dexia colocado para construir un
balneario. Esta misma semana, se ha iniciado en Londres el juicio de la
Sociedad Pública de Transportes de Oporto contra Santander por un ruinoso swap.
Similitudes y diferencias
con el caso de Madrid
Las motivaciones, los protagonistas y el resultado de los
contratos firmados por el Ayuntamiento de Madrid para financiar la M-30 son
prácticamente iguales a los que tuvieron todas estas corporaciones europeas con
sus contratos. A falta de conocer con detalle los términos fijados en la decena
de seguros de cobertura firmados por Madrid, parece que la estructura a la que
se sometió Madrid es algo más simple que la que aceptaron otros ayuntamientos.
En el caso de los municipios europeos, muchos suscribieron
contratos que referenciaban el variable a intereses cruzados, apuestas contra
la evolución de divisas extranjeras, algoritmos y un largo etcétera. El más
sencillo (que podría tener Madrid en varios de sus contratos) es el vanilla
plain, concepto que en inglés se refiere al producto más básico de una gama.
Algunos de los más complejos reciben el nombre de snowball, como el que tiene
la sociedad de transportes de Oporto que desencadena reacciones en cadena de
derivados hasta elevar la factura de intereses a límites altísimos.
En cualquier caso, la toxicidad o complejidad de estas
estructuras no es el elemento principal que pesa a la hora de visar o no su
legalidad ante los tribunales. Muchos de estos inversores eran considerados institucionales
cuando suscribieron los contratos por lo que se les presupone los conocimientos
suficientes para evaluar los riesgos de estos productos. Precisamente, para
solucionar una pequeña parte de este problema, la nueva normativa de protección
del inversor europea, Mifid2, excluye a los pequeños ayuntamientos de ser
inversores "elegibles" para estos productos.
Pero incluso si el tamaño y la cuantía financiada es
abultada, como el caso de Madrid, Milán, Ródano u Oporto, los tribunales han
encontrado muchos resquicios en la forma de redactar los contratos que han
servido como elemento para anularlos. Una de las cláusulas más conflictivas en
casi todos es la de cancelación, o bien por farragosa, o por poco clara en los
costes y el cálculo de la penalización. Prácticamente todos los juicios que han
dado la razón a los ayuntamientos han encontrado un fallo en estas cláusulas.
También en muchos casos se ha despertado el debate sobre
cómo las administraciones públicas deben cubrirse de riesgos a la hora de
suscribir créditos y si se debe permiter que lo hagan mediante instrumentos
complejos o derivados. También se abre la cuestión de la legitimidad de blindar
contratos a 30 o 40 años (a mayor plazo mejores condiciones) permitiendo a
generaciones enteras de vecinos asumir decisiones pasadas que financian con
dinero público.
¿Por qué ahora?
El cambio de dirección en muchos ayuntamientos ha destapado
la caja de los truenos. La convulsión que se vivió en Italia, Francia y
Portugal llega ahora a España de la mano de las nuevas corporaciones
municipales que desempolvan contratos guardados en cajones y se maravillan de
lo que encuentran en su interior. Por ahora, solo ayuntamientos de Lanzarote
que habían cambiado de signo por casos de corrupción habían puesto sobre el
tapete estos contratos. También ha entrado en juicios la Diputación de Álava.
Pero los expertos coinciden en que estos productos se endosaron
sistemáticamente a los municipios y que la situación de Madrid es solo la punta
del iceberg de lo que se destapará en los próximos meses, una vez que los
nuevos regidores hayan puesto orden en sus finanzas. Tampoco se puede olvidar
que los tipos de interés oficiales al 0% están aquí para quedarse una década,
perspectiva que ha exasperado en las alcaldías a la vista de una década más palmando
dinero con estos productos.
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